En ocasiones, algunos empleados solicitan a sus empleadores que "arreglen" un despido para poder acceder a prestaciones por desempleo, especialmente cuando deciden abandonar voluntariamente su puesto de trabajo. Este tipo de acuerdos, aunque parezcan un favor personal, están clasificados como ilegales. Es importante resaltar que esta práctica puede conllevar graves consecuencias tanto para los empleadores como para los empleados, y la Inspección de Trabajo está atenta a este tipo de acuerdos.
Las sanciones derivadas de estas prácticas son severas. De acuerdo con la Ley Sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS), las multas pueden oscilar entre 7.500 y 225.000 euros. Además, el empleado que reciba las prestaciones de manera indebida tendrá la obligación de devolver todas las cantidades percibidas.
Además de las multas, existe un riesgo significativo de que estas acciones sean consideradas un delito penal. En situaciones extremas, los empleadores podrían enfrentar penas de prisión de entre seis meses y tres años si se demuestra que han facilitado el acceso indebido a las prestaciones del Sistema de la Seguridad Social.
Aunque pueda parecer un acto de buena fe, ayudar a un empleado de esta manera puede tener repercusiones graves para tu negocio. Es esencial que cualquier decisión relacionada con la gestión de personal sea tomada con pleno conocimiento de sus implicaciones legales.
Si tienes dudas o necesitas orientación sobre cómo proceder en casos similares, desde Fisela | Grupo FSL estamos a tu disposición para ofrecerte el asesoramiento legal necesario. Nuestro objetivo es ayudarte a gestionar tu negocio de manera segura y conforme a la normativa vigente.